Noticias

Las asociaciones participantes en la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización han valorado positivamente el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros. 

Introducir controles para el cumplimiento de obligaciones de los distintos agentes del sistema, aportar nuevos instrumentos de soporte e iniciativas de desarrollo de la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad. Son las tres bases que rigen el paquete de medidas salido del Consejo de Ministros en forma de Real Decreto 7/2025 Ley impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y que tiene la finalidad de reforzar la supervisión y resiliencia del sector eléctrico.

Estas actuaciones son el resultado de los trabajos realizados por el Comité de análisis constituido tras la crisis del 28 de abril, que evaluó las circunstancias que confluyeron para llegar al cero eléctrico esa jornada, y que han servido de base para diseñar estas nuevas iniciativas.

Más supervisión y obligaciones técnicas reforzadas

Uno de los ejes del decreto es el refuerzo del papel supervisor de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dispondrá de seis meses para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes obligados a prestar servicio en el sistema eléctrico. Esta evaluación se actualizará cada tres meses e irá acompañada de un plan de inspección extraordinario centrado en capacidades de reposición, instalaciones con arranque autónomo y redes de distribución.

Por su parte, Red Eléctrica de España (REE) deberá formular propuestas de modificaciones normativas sobre aspectos técnicos clave: respuesta frente a oscilaciones de potencia, velocidad de variación de tensiones, restricciones técnicas y requisitos de monitorización. Estas propuestas se implementarán en plazos que oscilan entre los tres y los quince meses, y sus correspondientes reformas normativas deberán aprobarse antes de seis meses.

Además, REE asumirá el rol de punto de acceso único a los datos de consumo de los clientes finales, unificando la información actualmente dispersa entre más de 300 distribuidoras. Esta medida busca mejorar la transparencia y eficiencia de los mercados eléctricos.

Electrificación, autoconsumo y acceso a red

El decreto también introduce cambios sustanciales en la planificación de redes. A partir de ahora, se revisará cada tres años la planificación de la red de transporte, con modificaciones parciales bianuales. Y de manera excepcional, se incorporarán de forma acelerada elementos como compensadores síncronos o reactancias para anticipar nuevas necesidades técnicas y reducir restricciones.

En paralelo, se reformula el acceso a la red para la demanda, fijando un plazo de caducidad de cinco años para los derechos de acceso no utilizados. Esta medida busca liberar capacidad en redes actualmente infrautilizadas, especialmente relevante para nuevas industrias eléctricas.

La normativa también flexibiliza el autoconsumo, ampliando la distancia máxima entre generación y consumo a cinco kilómetros para instalaciones de hasta 5 MW y creando la figura del “gestor de autoconsumo”, que podrá representar a múltiples usuarios. En comunidades de vecinos, se favorece la electrificación de la climatización y se habilita a los ayuntamientos para aplicar bonificaciones fiscales del 50 % en el IBI y del 95 % en el ICIO.

Apoyo a la industria electrointensiva y renovables

Como parte del impulso a la electrificación industrial, el Gobierno ha reactivado la exención del 80 % de los peajes eléctricos a las industrias electrointensivas con efecto retroactivo desde el 23 de enero. Esta medida, en vigor durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, se considera clave para la competitividad del sector.

En el ámbito renovable, el decreto agiliza la tramitación administrativa de proyectos, facilita su ejecución ante la presión de la competencia internacional y promueve la repotenciación de instalaciones existentes, acortando los plazos a la mitad siempre que la potencia final no supere el 125 % de la original.

Impulso al almacenamiento y la flexibilidad

El nuevo paquete normativo también contempla una apuesta decidida por el almacenamiento energético. Se promueve su hibridación con instalaciones renovables, se facilita su integración en el sistema y se agilizan los trámites administrativos, especialmente en proyectos dependientes de la Administración General del Estado.

Además, se modifica la Ley 24/2013 del sector eléctrico para incluir la figura del “agregador independiente”, que podrá combinar consumos y generación distribuida para ofrecer servicios al sistema o participar en mercados eléctricos. Esta herramienta permitirá a los consumidores delegar la gestión de su demanda para ahorrar en la factura o recibir otros beneficios.

Reacciones del sector

Las principales asociaciones del sector, participantes de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización en IFEMA MADRID, mayoritariamente han valorado la aprobación de la nueva normativa de forma positiva. Por ejemplo, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha definido el texto como “fundamental para completar todo el marco regulatorio y adaptarlo al desarrollo actual de la energía fotovoltaica”, en palabras de su director general, José Donoso, para que sea pieza clave en el servicio de control de la tensión.

Igualmente, desde UNEF se pone el acento en la actualización de la regulación sobre el almacenamiento, y cree que desarrollará esta tecnología “de forma rápida y racional, ya que facilita la hibridación de baterías con plantas ya existentes, permitiendo su desarrollo en el corto plazo contribuyendo a ser una pieza clave en la estabilidad del sistema”, según afirma José Donoso.

En ese apoyo a la electrificación, el almacenamiento, la hibridación y las reivindicaciones del sector renovable contempladas en esta nueva ley se ha manifestado también APPA, hablando de cuestiones como la ampliación del quinto hito “permitirá salvar proyectos ya construidos o en avanzado estado de construcción, flexibilizando la puesta en marcha de los proyectos y permitiendo el acompasamiento de la integración de potencia al calendario de electrificación y también de la puesta en marcha del almacenamiento”, ha afirmado  la asociación tras la celebración de su asamblea general. A pesar de ello, la organización echa en falta en el texto una mayor apuesta por tecnologías como el bombeo hidráulico e insta a la aprobación del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía, previsto en el PNIEC.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) ha destacado la ambición del ejecutivo por electrificar la economía y el mandato que recoge el decreto sobre Red Eléctrica de España (REE) para que actualice su normativa sobre control de estabilidad de red, “aspecto que evidencia la necesidad de actuar con mayor celeridad en una materia esencial de su competencia”, señalan.

Aun así AELEC identifican áreas prioritarias de mejora en el desarrollo reglamentario de la norma como la revisión del límite de inversión en distribución, que consideran “fundamental para reforzar las redes, especialmente ante el crecimiento de la demanda industrial”, un mayor avance en el proceso de acceso y conexión de la demanda y controlar normativamente la operación reforzada del sistema, para suavizar el impacto que este modo de operación está causando sobre los precios de la electricidad a corto plazo.

Desde el punto de vista de los instaladores, FENIE, la Federación Nacional de Emprearios de Instalaciones Eléctricas, de Telecomunicaciones y Climatización de España, ha celebrado algunos aspectos de la norma considerados reivindicaciones del sector, ya que se establecen plazos para las nuevas extensiones de red que ejecutan las empresas instaladoras, uno de los principales cuellos de botella en procedimientos de acceso y conexión.

Hasta el momento usuarios y empresas instaladoras desconocían en qué momento se iba a disponer de suministro definitivo en este tipo de instalaciones, porque dependían del gestor de la red y éstos no estaban sujeto a plazos. Además, ha instado a los gestores a reforzar su presencia en el terreno para reducir el tiempo de ejecución y para conseguir la información necesaria para atender las consultas o incidencias que surgen durante los trámites y que son las situaciones que actualmente generan los mayores retrasos.

Fuente: IFEMA MADRID